PUNTOS DE DESARROLLO:
29/diciembre/2020
1º: En el artículo 172º, capítulo IV de la legislación boliviana nos indica que serán responsables a los efectos de este código (responsable Civil): las personas jurídicas o entidades que tengan o no personalidad jurídica en cuyo nombre que hubiese actuado como los participes del delito; los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos o personas naturales o jurídicas que se hubieren beneficiado con el ilícito tributario ya que estos civiles responsables responderán los daños causados al estado.
2º: El malestar que manifiesta en algunos sectores de la población parece generado por la presión que ejerce la Administración Tributaria contra los Administradores para el cobro de impuestos, ya que se conoce públicamente la rebaja de los ingresos del Estado, en especial de la Renta Petrolera ya que tuvo una gran caída en el mercado internacional a causa del precio, lo que causa es que la diferencia será cubierta con ingresos tributarios; además se observa elevadas cifras de informalidad de la economía, inequidad de la carga tributaria, duplicidad del gravamen sobre un mismo hecho generador, con todo esto no se puede asegurar que el sistema tributario puede entrar en crisis y también entre en casos ilícitos.
3º: Los delitos tributarios contraen responsabilidad civil, penal y administrativa, por ejemplo: el contrabando, la defraudación tributaria, la defraudación aduanera, la instigación pública a no pagar impuestos, la violación de precintos y otros controles de seguridad descritos por el Código Tributario, Además nos indica que de la comisión de un delito tributario pueden surgir dos responsabilidades: una penal tributaria para investigar el hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena privativa de libertad y una sanción civil para la reparación de los daños y perjuicios que van surgiendo.
4º: En los últimos años se percibió un incremento de combinaciones de técnicas, como el aumento del uso de personas jurídicas para cubrir la titularidad real y el control de los activos de procedencia ilegal y un aumento del uso de profesionales para obtener consejo y asistencia en el lavado de fondos delictivos; para este tipo de casos se aplicaría la ley 1008 (la ley de sustancias controladas), la Ley 1469 (Ley Orgánica del Ministerio Público) y la ley 004 (Ley de lucha contra la corrupción enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz").
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